Más allá del Loayza vs. Bolívar

La situación originada a partir del pedido de la fiscal Luz Loayza para permanecer en Lima y de la consecuente negativa de la Junta de Fiscales Supremos quienes le ordenan regresar a Maynas, en donde su vida corre peligro, se ha tornado en un problema de enormes magnitudes que ha terminado por vincular a más de un funcionario con el narcotráfico.

Para aquellos que no conozcan mucho del tema, la fiscal Loayza es conocida por investigar y denunciar a Fernando Zevallos, dando un fuerte golpe contra el narcotráfico. Zevallos (a) Lunarejo fue sentenciado, en el año 2005, a veinte años de prisión por tráfico ilícito de drogas, receptación de dinero proveniente del narcotráfico y lavado de activos; pero, como era de suponer, apeló a dicha sentencia y hoy sigue en proceso. Sin embargo, es claro que el poder del narcotráfico trasciende las paredes de las prisiones llegando a corromper funcionarios y utilizar sicarios con el fin de sacar del camino todo aquello que pretenda irrumpir en sus planes. Es en este contexto que la fiscal Loayza pide permanecer en Lima como resultado de las constantes amenazas que recibe y de la inseguridad que tendría si regresara a Maynas.

Según lo expuesto anteriormente parece lógico que el Ministerio Público cediera ante el pedido de Loayza ya que es su vida la que está en riesgo; sin embargo, la Fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, y la Junta de Fiscales Supremos han decidido rechazar la solicitud. ¿Por qué? No queda muy claro. Su argumento es que se debe cumplir lo que la ley dispone y, bueno, tienen razón, pero ¿no deberían flexibilizar un poco las mismas cuando la vida de una persona está en peligro? Dicen que no hay documentos que ratifiquen el peligro que correría en Iquitos, sin embargo no es del todo verdad. Dos oficios sustentados en informes de inteligencia de la Policía Nacional que fueron entregados a la Fiscalía por parte del Ministerio del Interior demuestran que efectivamente la fiscal Loayza no contaría con la seguridad necesaria en Maynas.

Como resultado de la negativa, la fiscal Loayza ha denunciado presuntas conexiones entre Bolívar y el narcotráfico, acusaciones que ésta, obviamente, ha rechazado. La titular de la Junta de Fiscales Supremos, Gladys Echaíz (un “personaje secundario” en esta “novela”) criticó el desempeño de la fiscal Loayza, acusándola de cometer irregularidades en su investigación revelando así posibles vínculos de ésta con el narcotráfico.

Ahora, lo que parecía una situación manejable (y debió serlo) se ha convertido en un mar de dimes y diretes en donde participan la fiscal Loayza, la FN Adelaida Bolívar, los fiscales supremos, el Congreso (que no debió inmiscuirse), el Presidente, los Ministerios, la prensa, etc. Los pro-Loayza sostienen que la FN y funcionarios del Ministerio Público están aliados con el narcotráfico y que la decisión que han tomado es absurda y atenta contra su derecho a la vida, por lo tanto Loayza puede y debe pelear por la vía judicial. Los pro-Bolívar-Ministerio Público (o en su defecto, anti-Loayza) toman posiciones radicales y dicen que Loayza no es la heroína que los medios proclaman, que además forma parte de un complot cuyo objetivo es controlar las decisiones de la política peruana teniendo como cabecillas a la DEA y a un sector de las comunicaciones. Ambos argumentos incriminatorios carecen de sustento concreto.

Lo cierto es que se está olvidando el verdadero problema: la incursión creciente del narcotráfico en el Perú y los escasos e infecientes métodos que tiene el Estado para combatirlo. Si la fiscal Loayza o la Fiscal de la Nación están vinculadas con Zevallos y sus aliados es asunto que el Consejo Nacional de la Magistratura debe investigar para tomar las decisiones pertinentes. No obstante, lo que es evidente es que el narcotráfico está entrando con fuerza en nuestro país, obviamente no como en Colombia, como dice Álvarez Rodrich: "La discusión sobre si hemos ingresado a una fase de 'colombianización', o nos parecemos a Tijuana, es absurda. Lo cierto es que, cada día que pasa, el narcotráfico está adquieriendo más poder en el país", pero eso no nos debe permitir bajar la guardia. Es competencia del Ministerio del Interior y la PNP mantener la seguridad de los jueces, fiscales, periodistas, etc. en su labor contra el narcotrafico, a menos que queramos que el caso Loayza se repita y los escaños en las fiscalías de los lugares alejados de Lima sea ocupados por funcionarios mediocres. Asimismo le corresponde al Estado combatir el nefasto negocio de la droga. Es por esta razón que la noticia de la formación de una policía antimafia en donde la Dirincri, Dirandro, Dincote y la Policía Fiscal tendrán una dirección unificada con el objetivo de enfrentar al crimen organizado cae como pañal en bebe con diarrea. Sin embargo ¿será suficiente? Sin ánimo de ser aguafiestas, la idea es buena, pero es necesario que el Mininter emplee todo su arsenal en detener la invasión del narcotráfico o mañana más tarde nos encontraremos a un paso de la "colombianización".